Senadores entran al debate por licitación de casinos de juego y ofician al ministro de Hacienda
Parlamentarios concretaron consulta al titular de las finanzas públicas, tras reclamos de los operadores de actuales permisos, que dicen que no se respeta su derecho preferente.
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La ofensiva que lanzó la industria de los casinos de juego a raíz del modelo de licitación de 12 licencias como la de Monticello en la región de O'Higgins, Dreams en Punta Arenas y Enjoy en Antofagasta, cuyos permisos vencen entre julio de 2023 y mayo de 2024, encontró un aliado dentro del Estado.
Esto, porque los operadores han criticado el concurso impulsado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), dado que a su juicio no se estaría respetando el derecho preferente que tienen los actuales titulares de permisos para mantenerlos por otros 15 años, afectando la certeza jurídica bajo la cual realizaron sus inversiones.
El debate llegó hace unos días hasta la comisión de Economía del Senado, cuyos integrantes mostraron su preocupación ante la interpretación de la SCJ al no reconocer la renovación de las licencias. En la oportunidad, la comisión integrada por Álvaro Elizalde, Ximena Rincón, José Miguel Durana, Rodrigo Galilea y Felipe Harboe, prometió evaluar el envío de un oficiar al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para aclarar el tema.
Y es así que solo cinco días después los senadores tomaron una resolución y oficiaron al ministro para manifestarle "la necesidad de contar con certeza jurídica en la actividad regida por la ley N° 19.995 de 2005, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, modificada el año 2015, en virtud de la ley N° 20.856, por tratarse de una condición de la mayor trascendencia para el desarrollo de dicha industria".
El oficio fue enviado el 14 de julio. Con ello, Briones deberá responder la misiva en un máximo de 30 días.
Todo lo anterior se da en un contexto donde la SCJ tiene plazo hasta el 28 de julio para presentar las bases de la nueva licitación, que establece como beneficio para los actuales concesionarios, que podrán justificar hasta el 80% de la inversión que propongan, con sus actuales instalaciones.